Todo se ha quedado en un susto debido a un error de un inspector de la Agencia Tributaria, pero los vecinos de la polémica Plaza del General Jorreto en Almagro nunca van a olvidar el incidente. La pasada semana, un inspector de la Agencia, acompañado por un técnico municipal, entregó a varios propietarios de viviendas de la citada plaza la orden de subasta inminente del suelo en el que están edificadas sus casas, a la vez que solicitaba copia de las escrituras y un correo electrónico. El susto y la angustia entre los vecinos afectados fueron mayúsculos, al no tener noticia de la subasta ni haber recibido notificación alguna previamente.
Los vecinos se pusieron en contacto con el concejal del grupo Almagro sí Puede, Ismael Parras, y hasta con el mismo alcalde, el socialista Daniel Reina. Al final, el alcalde tuvo que intervenir, hablar con el delegado de la Agencia Tributaria en Ciudad Real y aclarar que todo era un error, ya que las fincas afectadas por la subasta pertenecían a la empresa Proal, constructora de la urbanización y esas fincas no correspondían a las viviendas sino a una zona verde de la misma Plaza, a alguna cochera y a un terreno situado junto a la antigua universidad, al otro lado de la población.
Tanto el concejal de Almagro sí Puede, Ismael Parras como el alcalde, Daniel Reina, tranquilizaron a los vecinos, ya que durante la entrega de la documentación de subasta se produjeron situaciones muy tensas, como la protagonizada por una señora mayor que puso muy nerviosa al no comprender lo que estaba sucediendo. Daniel Reina fue casa por casa para tranquilizar a los propietarios y aclarar que todo había sido un error y que ni sus viviendas ni el suelo sobre el que estaban construidas estaban afectadas por el anuncio de subasta.
Proal es la empresa promotora de los edificios situados en el centro de la citada plaza y que llevan años abandonados y son un foco peligroso de todo tipo de suciedades y de actos vandálicos, incluidos ya varios incendios. La empresa Proal quebró y todos sus bienes son ahora de entidades bancarias, que deberán asumir la responsabilidad de sanear y cerrar los edificios abandonados y evitar los riesgos y molestias para los vecinos.
Los vecinos acaban de constituirse en asociación, lamentan la acción de la Agencia Tributaria y no descartan actuaciones legales y reclamaciones.
(Fuente.- Martinez Carrión.- lanzadigital de hoy)
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