Por Juan Fernando López Aguilar
Diputado Socialista en el Parlamento Europeo
En mayo de 2012, contando exclusivamente con los votos de su Grupo y excluyendo por lo tanto al otro Grupo Parlamentario de Castilla-La Mancha, el PP modificó la Ley Electoral autonómica para aumentar en 4 el número de diputados en las cortes regionales, pasando de 49 a 53. Cospedal justificaba la medida por no tener ningún interés partidista.
Se saltaba así por las bravas la promesa que ella misma había hecho en su campaña electoral, plagada como de costumbre de mentiras como puños. E incumplía también su propio discurso de investidura, en junio de 2011, en el que se comprometió a modificar la ley electoral por consenso
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El truco consiste en dejar impares las provincias que el PP siempre ha creído que le son más favorables desde un punto de vista electoral (Guadalajara y Toledo, fundamentalmente y por este orden) y pares las que históricamente siempre han votado al PSOE en las autonómicas (Ciudad Real sobre todo).
Pues bien, Cospedal ha pensado en reducir a la mitad en solo 4 meses los parlamentarios autonómicos, y lo ha hecho con desfachatez extrema, mostrando un desprecio infinito por el más elemental sentido de la decencia democrática
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En efecto, apenas cuatro meses después de anunciar aquella primera reforma en el Debate sobre el Estado de la Región de septiembre de 2012, Cospedal se descuelga con un anuncio que representa todo lo contrario de lo que defendió en mayo de 2012. Ahora lo que pretende, en resumidas cuentas, es reducir a la mitad el número de diputados. Esto supone pasar de 53 a 25 escaños en las Cortes. Y además dejarles sin sueldo fijo
Es decir, que para gobernar y controlar una región de más de dos millones de habitantes y un presupuesto de casi 8.000 millones de euros habrá menos diputados que, por ejemplo, concejales en el Ayuntamiento de Albacete, que son 27, que pese a ser la mayor ciudad de la región, no alcanza los 200.000 habitantes censados.
El verdadero objetivo del pucherazo no es otro que asegurar la prórroga de su mayoría parlamentaria aún cuando esta se divorcie de la mayoría social y política en Castilla-La Mancha. Si en 2012 aumentó en cuatro el número de diputados y Cospedal dijo que se trataba de "una reforma austera", ahora no cuela el argumento de la austeridad. ¿Cuál es entonces el verdadero objetivo de este pucherazo en toda regla?
Ella cree que así se asegura ganar en diputados las elecciones aunque las pierda claramente en votos, que es lo que están indicando muchas encuestas y el rechazo social evidente al que ella y su Gobierno se enfrentan en las calles de Castilla-La Mancha. La reforma llega además en plenitud del caso Bárcenas que ha supuesto, para empezar, un enorme desgaste de la imagen pública de Cospedal, por las contradicciones en las que ya se la ha pillado y por la memorable rueda de prensa del finiquito en diferido y el despido simulado. El Estatuto de Castilla-La Mancha pasa a ser, de la mano de Cospedal, el parapeto y la coartada del nauseabundo caso Bárcenas.
¿Cómo da el pucherazo? En primer lugar, hace imposible que puedan entrar en las Cortes IU o UPyD. Eligiendo 25 diputados entre cinco provincias, el porcentaje del tercer partido en votos para conseguir escaño en alguna provincia debe llegar al 15 por ciento. Cospedal quiere dejar sin representación a 200.000 o 250.000 votos de estas formaciones. Pero, en segundo lugar, pretende hacer imposible que el PSOE pueda doblar (sacar dos escaños de diferencia) al PP en ninguna provincia.
Ejemplo práctico de la provincia de Ciudad Real; con la actual Ley de Cospedal, que elige 53 escaños, Ciudad Real aporta 12 diputados a las Cortes regionales. Con el censo de Ciudad Real y eligiendo 12 diputados, el partido más votado necesita ganar por siete puntos o más al segundo para sacarle dos diputados de diferencia (7-5). Si se reduce a la mitad el número de diputados a elegir, digamos seis, la diferencia entre el primero y el segundo para ganar por 4-2 en diputados se eleva hasta más de 20 puntos en las urnas. En cambio, en cualquier provincia impar, pongamos Guadalajara, basta con ganar por un voto para tener un diputado más.
Por tanto, y ante las intenciones de María Dolores de Cospedal de recortar el sistema democrático y modificar las reglas del juego en Castilla-La Mancha, mediante una reforma electoral sin consensuar con los principales partidos políticos con implantación nacional y regional, los socialistas proponemos exigir a la presidenta de Castilla-La Mancha abrir consultas con PSOE, IU y UPyD para acordar las reformas de la Ley Electoral, y en su caso del Estatuto de Autonomía, previstas para mejorar los cauces de participación ciudadana
Debemos denunciar y oponernos a unas reformas que no vienen motivadas por ninguna justificación económica, ya que en estos momentos los diputados autonómicos no tienen ninguna retribución fija, sino por la clara intención de impedir la presencia en el Parlamento Regional a fuerzas políticas con amplia implantación nacional y regional, dejando sin representación parlamentaria a miles y miles de ciudadanos.
Es un retroceso democrático que supone un agravio al pluralismo democrático, a la alternativa política y a la posibilidad misma de la alternativa en Castilla-La Mancha. Un grado tan alto de iniquidad no había sido nunca hasta la fecha franqueado de manera tan prepotente, ni de lejos, en toda la peripecia histórica hasta ahora acumulada en el Estado autonómico, ni en ninguna otra expresión de reforma unilateral de un Estatuto autonómico. Se excluye a la oposición de una Comunidad Autónoma, de bipartidismo perfecto (solo PSOE y PP) para perpetuar la ominosa y antisocial mayoría absoluta del PP de manera truculenta, artificial y despótica.
Los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha no pueden pasar por alto un atropello semejante. Espero que se lo hagan saber al PP y a Cospedal en la elección autonómica de mayo de 2015, y envíen esta tropelía al basurero de la historia de nuestro Estado Autonómico.
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