María Dolores De Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, ha logrado que el Congreso de los Diputados apruebe la tramitación de una reforma electoral con aires de oportunismo político. Su propuesta de reducir el número de escaños de las Cortes castellano-manchegas se presenta como ejemplo de austeridad y reducción del gasto público, cuando puede convertirse en una carga de profundidad contra los cimientos democráticos de una comunidad autónoma.
Rebajar el número de diputados y, en general, simplificar las instituciones en favor de una mayor eficiencia son medios razonables para aliviar las cargas presupuestarias. Otras comunidades autónomas, incluidas Madrid y Valencia, lo han planteado. Resulta innegable que España necesita una reflexión profunda acerca del número de cargos políticos existentes —2.000 parlamentarios, 68.000 ediles— en la que es inexcusable mantener el principio de representatividad que legitima a todos ellos.
Será imprescindible, por tanto, que cualquier modificación cuente con el más amplio consenso y el más escrupuloso análisis. Ahorrar en el corazón del sistema democrático puede llevar a graves errores.
Esta reflexión no aparece en la reforma que propone Cospedal, que criticó enérgicamente a su predecesor, José María Barreda, por aumentar en dos escaños el Parlamento autónomo —decisión que avaló después el Tribunal Constitucional— y que propuso nada más llegar a la presidencia del Gobierno castellano-manchego un aumento de escaños que beneficiaba a su partido. Ahora, en una contradictoria iniciativa, propone su drástica reducción. Pasar de 53 asientos a entre 25 y 35, como parece pretender, convertirá a las Cortes de Toledo en las más reducidas de España; y, sobre todo, distorsionará en exceso el resultado del voto ciudadano primando en demasía al grupo mayoritario —ahora, el PP— y reduciendo la pluralidad al cerrar el paso a partidos más pequeños con expectativas de escaños —IU y UPyD
Según cifras oficiales, la retirada del sueldo a los diputados autonómicos ha supuesto un millón de euros menos al año y la nueva reforma electoral supondrá otro recorte de 500.000 euros al año. Ese ahorro, para una Administración de 8.000 millones de presupuesto, no puede justificar una reforma que menoscaba la capacidad de control de la oposición sobre el Gobierno autónomo; un cambio de reglas que solo cuenta con el apoyo del PP tanto en Castilla-La Mancha como en el Parlamento español.
De Cospedal acusó a Barreda de modificar el número de escaños en beneficio del PSOE. Aquello no frenó, sin embargo, la derrota socialista en 2011. Deberían saber, por tanto, esta dirigente y su partido, que el nuevo reparto electoral tampoco garantiza mantenerse el poder; quizá solo prolongaría su estancia. A costa, eso sí, de menos democracia.
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