Aunque ya había anuncios y advertencias en este sentido finalmente se ha concretado mediante Decreto la reducción del porcentaje de aportación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los convenios con los ayuntamientos para financiar los servicios sociales básicos.
El Decreto 13/2014 publicado en Diario Oficial el pasado 3 de marzo declara su objetivo de “flexibilizar la aportación financiera” condicionada por las disponibilidades presupuestarias y si hasta ahora la Junta, mediante convenio, garantizaba su participación en la financiación de los servicios sociales municipales en dos tercios, ahora se establece que la aportación conjunta de Consejería y Ministerio oscilará entre el 30 % y el 70 %. Es decir que, según el criterio del Consejero, se seguirá aportando prácticamente idéntico porcentaje que hasta ahora o bien el ayuntamiento aumentará su financiación desde el 33 % actual, pudiendo llegar a tener que hacerse cargo del 70 %
El problema añadido de este criterio de “flexibilidad” es que deja margen para la discrecionalidad y para premiar o castigar al ayuntamiento de turno según su color político. El “consuelo” para los ayuntamientos es que este esfuerzo añadido se les exigirá sólo durante dos ejercicios, ya que la nueva Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales prevé que el 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las competencias que hasta ahora tenían los ayuntamientos en la prestación de servicios sociales
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Y eso, si atendemos al pasado reciente, no es una buena noticia ni para los usuarios ni para los para los profesionales. Porque hasta ahora sólo hemos hablado de porcentajes de cofinanciación pero si nos preguntamos por la cuantía en sí, resulta que entre 2011 y 2014 la Junta ha recortado a la mitad sus aportaciones a los ayuntamientos para servicios sociales, según un informe del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha comparando los Presupuestos de Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en ese periodo
En concreto se ha recortado a los Ayuntamientos el 49,28% su colaboración, a las entidades sociales el 50,07%, a la Fundación Sociosanitaria y otros entes públicos les ha rebajado un 58,74% y las ayudas económicas a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, dependencia y/o emergencia social se han reducido un 46,78%.
Del mismo estudio se deduce que la Junta ha reducido un 38,87 % su presupuesto de servicios sociales que existía en 2011, pero también hay aproximadamente un 12% del mismo que no se ejecuta, por lo que la conclusión es que se han desmantelado o recortado la mitad de los servicios sociales existentes en 2011, provocando desatención y despidos de casi 20.000 profesionales, y ello cuando son más necesarios que nunca ya que solo en el último año ha aumentado su demanda un 58,3% en la región.
Que le sigan aplaudiendo las de Afamer. No se enteran, pero ya se enterarán cuando sus respectivos Ayuntamientos se lo comuniquen. ¿O los Ayuntamientos amigos también se lo van a aplaudir?.
¡Lagarto, lagarto¡¡-
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