Dignidad municipal

El pasado sábado, a las puertas de las Cortes, representantes de once formaciones políticas escenificaron su voluntad unitaria de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para lo que han conseguido recabar acuerdos plenarios de más de 2.000 Ayuntamientos de toda España con 15 millones de habitantes censados. 

El número alcanzado, además de constituir un hito histórico, cumple sobradamente el requisito de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población. Se prevé que antes del 31 de marzo el Ayuntamiento de mayor tamaño, Barcelona, solicite el dictamen del Consejo de Estado como paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. 

 

Para sus críticos esta ley, que salió adelante con los votos de PP y PNV, es un grave atentado contra la autonomía municipal, recorta servicios sociales, prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación y en sanidad, con la clara intención de privatizarlos.

Los promotores del recurso son PSOE, CiU, IU-ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, CHA  (Chunta Aragonesista), Compromís, Nueva Canarias, UPyD, CAPI (Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes) y FEEM (Federación de entidades Locales menores).

 

En Castilla-La Mancha la movilización del Psoe e Izquierda Unida ha logrado que casi 400 Ayuntamientos, el 20 % del total de recurrentes, adopten el mencionado acuerdo plenario, lo cual supone el 40 % de los municipios de la Comunidad.

 

Desde Almagro Post creemos  que quitar competencias a los Ayuntamientos y dárselas a las Diputaciones  conlleva una preocupante falta de eficacia, el encarecimiento de los servicios, que éstos sean de peor calidad y supondrá su privatización. Se cambia rentabilidad social por rentabilidad económica en la prestación de servicios, lo que implica que vamos a recibir peores servicios y más caros.

 

Una barbaridad y el Ayuntamiento de ALMAGRO no ha dicho ni "mú". Nos perjudicamos como pueblo, como colectividad, pero ni "mú", no vayamos a enfadar al inquilino de La Moncloa. Para esto no hay mociones institucionales .No les da la imaginación para tanto.