Editorial de elporvenirdecastillalamancha.es
Casi 6.000 docentes menos y los maestros en una situación laboral precaria; el despido de 800 profesores de apoyo en infantil que dejan totalmente desamparados a los escolares más vulnerables; unas aulas cada vez más masificadas; comedores escolares clausurados por la supresión de becas, cierre de 67 colegios rurales; supresión de líneas del transporte; o eliminación de la gratuidad de los libros de texto forman parte de la herencia que dejará el Gobierno de Cospedal y el PP en materia educativa al concluir esta legislatura con sus duros recortes.
Desde que el PP asumió el poder en la Junta, la Educación Pública, la escuela pública, el maestro, los alumnos y sus familias sufren un permanente maltrato por parte de un una presidenta y un Gobierno sin parangón en los más de 30 años de historia de esta comunidad autónoma.
El Gobierno de Cospedal está "vapuleando" un día sí y otro también la calidad educativa en los centros escolares de titularidad pública. No es un dato cuestionable. Los presupuestos anuales están ahí. Una reducción del 30% de la partida para la educación entre 2011 y 2015. En dinero metálico, 637 millones de euros menos. Una cifra tremenda.
Entra dentro de la lógica que la derecha, por su perfil ideológico, nunca apoye ni confíe en una escuela pública moderna, igualitaria y con suficientes recursos.
Por eso, cuando ha tenido la oportunidad de gestionar la educación en las comunidades autónomas ha favorecido siempre de manera clara a los centros concertados y privados, como ha ocurrido en Madrid o la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, el PP de Castilla-La Mancha, sus dirigentes, su Gobierno y la presidenta Cospedal, no es que no hayan apoyado a la escuela pública, como era de prever cuando han tenido la oportunidad de gobernar, sino que la han defenestrado de una manera brutal en menos de cuatro años, como si quisiesen transportarla de nuevo a esa época negra que fue la dictadura franquista, donde la educación como la sanidad pública se vestían con el ropaje de la beneficencia.
Hay mucho más de ajuste de cuentas ideológico que de carácter económico en la política que ha llevado Cospedal desde el Gobierno no solo con la educación sino con el conjunto del Estado del Bienestar.
Este último curso escolar bajo la batuta del PP, tras meter a capón y sin financiación la denostada Ley Wert, será una vuelta de tuerca más en el objetivo de la derecha de ahondar con su política de recortes la brecha existente entre la escuela pública y la privada, siempre en detrimento de la primera.
La derecha española, y la castellano-manchega como su alumna más aventajada, quiere una escuela pública pobre, masificada y adoctrinada por valores conservadores.
Así, lo primero que hicieron fue eliminar la Educación para la Ciudadanía, no fuera que las futuras generaciones tuvieran asentados en sus genes los valores cívicos propios de una democracia, y potenciar de nuevo la religión como asignatura académica, aunque eso nunca lo llamen ni adoctrinamiento ni proselitismo. Y no contentos con ello, amenazan también con militarizar a los escolares.
En mayo de 2015 los castellano-manchegos, cuyos hijos van mayoritariamente a las escuelas públicas abandonadas por Cospedal, tendrán una oportunidad para decidir si quieren que el PP acabe el destrozo de lo público que inició en 2011 o que vuelva a la oposición para que el Estado del Bienestar pueda recuperar el terreno que le han arrebatado en esta legislatura.
Está claro que la Educación Pública necesita ser protegida de Cospedal y del PP.
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