Por Antón Losada, en eldiario.es, del 1 de diciembre
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha quedado sin nadie a quien culpar de la crisis. Ya no le queda colectivo o grupo social a quien estigmatizar. Así que ha decidido criminalizarnos a todos. A partir de ahora, quien proteste será culpable a no ser que demuestre lo contrario. Como los tiempos avanzan que es una barbaridad, los registros de los "ofensores del Estado" ya no se llevarán en mugrientas carpetas, como en la época de la Ley de vagos y maleantes. Ahora constarán en un registro virtual. Seguramente hasta ya tendrán algún emprendedor fiel con el software listo para la externalización.
De los productores del copago sanitario, el timo de las pensiones o la reforma laboral porque "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades" llega la Ley de Seguridad Ciudadana, las multas deluxe, las ofensas a España y el "acompáñeme a comisaria, que si es inocente no tiene nada que temer". Ahora que vamos a crecer de dos puntos en dos puntos según María Dolores de Cospedal y la banca va a ganar más dinero que nunca, sería una pena ensuciar las calles y la marca España con miles de manifestantes.
En dos años, este Gobierno ha castigado a más culpables que el Teniente Kojak en sus temporadas buenas. A los funcionarios había que bajarles sus sueldos por cafeteros y tener puesto de trabajo fijo. A los parados debía ponerlos en su sitio por negarse a aceptar ventajosos empleos en lugares tan exóticos como Laponia. A los estudiantes había que limarles las becas porque todo se les va en botellón y sexo. A los pensionistas debía aplicarles el copago porque resultan unos privilegiados que van a tope de ibuprofeno con nuestro dinero. A los enfermos crónicos había que cobrarles con más razón porque suponen doble gasto. A los médicos de la sanidad pública había que jubilarlos porque eran infiltrados de la privada. A los maestros debía despedirlos porque trabajaban menos que el biógrafo de Ana Botella. Hasta los trabajadores de Canal 9 se merecen que el Partido Popular les castigue por haber hecho tanta propaganda a favor del Partido Popular .Nadie era inocente. Por eso el Gobierno debía imponernos sacrificios masivos, para salvarnos de nosotros mismos, de nuestra ignorancia, molicie o pereza.
El Ejecutivo ha sido tan eficaz en señalar responsables de la crisis que ya no hay un ciudadano en España a quien no le haya afeado su conducta, moral, costumbres o pasado. Tanta eficacia es ahora un problema. "El derecho de manifestación ya se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de la legislatura", dice oficialmente Moncloa. Ya habéis protestado bastante, ahora os jodéis, diría Andrea Fabra. Ahora quienes se manifiestan o hacen huelga porque les pretenden bajar el sueldo, echar a la calle o dejar sin seguro o pensión resultan ser gentes que ya perciben un salario que no alcanza los mil euros y deben escoger cada mes si pagan la luz o la hipoteca. Hay que mentir y manipular mucho para demonizar con éxito a los trabajadores de la limpieza de Madrid, Tragsa, una concesionaria de lavandería o el naval de Galicia.
Ya no quedan ciudadanos medios a quienes quemar en la plaza pública con el fuego purificador de la austeridad. Solo quedan los dueños de las Sicavs, las empresas en paraísos fiscales y las contabilidades en B. Solo quedan Manuel Lamela y sus socios al abordaje de los servicios públicos con empresas financiadas con cargo a nuestros impuestos. Así que, a partir de ahora, quien moleste, estorbe o proteste, será culpable. "Ofensa es lo que es ofensivo", ha dictaminado preclaro el ministro Fernández. Ofensa será aquello que el poder sentencie en cada momento y según le convenga. A ver si os enteráis, que además de sospechosos parecéis tontos.
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