El Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014 incluye partidas que dan soporte financiero a dos convocatorias de ayudas sociales ya publicadas en el Diario Oficial, por importe de 4,5 millones para el ingreso mínimo de solidaridad, y de 3,1 millones para ayudas de emergencia social.
Se eleva su cuantía ligeramente respecto a la anterior convocatoria, lo cual está más que justificado si atendemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística que indican que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, un 33,1%, y donde un 19% de la población tiene “mucha dificultad” para llegar a fin de mes.
Pero lo que sorprende, viendo estos datos de necesidades sociales y las líneas de ayuda presupuestadas, es que el Gobierno de Mª Dolores de Cospedal prevé gastar prácticamente la misma cantidad, 7,32 millones de euros en 2014, en pagar los sueldos de 65 altos cargos (consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales) y 84 trabajadores eventuales de las Consejerías, destacando los 56 destinados a Presidencia y Consejería de Presidencia (la “fontanería” del Gobierno).
Es decir, asesores y puestos de confianza ocupados mediante libre designación, políticos al fin y al cabo, en un Gobierno que presume de austeridad, buena gestión y de gastar menos “en políticos”. En realidad la austeridad es para los demás, el buen gobierno se aplica a sus privilegios y el menor gasto es solo en los políticos de signo contrario.
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