Una de las desgracias que trae el nuevo 2014 es la intervención de facto de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, entre ellos el de Almagro.
Los municipalistas van a saber lo que son ayuntamientos tan limitados y tan condicionados como fueron los franquistas, dicho sea sin exageración. Se acabó su condición de administración territorial más próxima, con un elenco competencial propio.
Ahora van a desempeñar el papel de entidades subordinadas que habrán de ejecutar las competencias que les traspasen las comunidades autónomas. Y lo que es peor: ese traspaso global de las competencias de menos de veinte mil habitantes a diputaciones y cabildos significará, en la práctica, su instrumentalización para hacer concesiones administrativas (privatizar, en economía del lenguaje) de servicios públicos y sociales, de modo que será necesario revisar y ajustar tasas y precios públicos que aseguren tanto las subidas tributarias a las familias como el lucro de empresas y compañías que presten los servicios.
La rebelión municipal debería estar servida. Cuando cese la mayoría absoluta del PP esta legislación debe derogarse.
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