CLARO QUE EXISTE UNA POLÍTICA DE IZQUIERDAS
Basta
observar la rabia y la ferocidad con la que los comentaristas más
reaccionarios de este país han recibido la propuesta del Gobierno
andaluz sobre la posibilidad de expropiar el uso de los pisos vacíos a
los bancos para resolver los casos más graves de desahucios, para
valorar el acierto de esa medida.
Les salen espumarajos por la boca y,
sin el menor pudor, hablan ya de prácticas soviéticas, de
revolucionarismo chavista y otras lindezas. Defensores a ultranza de la
sacralidad de la Constitución, demuestran no haberla leído en su
conjunto, o lo que es más cierto, manipularla a su conveniencia, para
amedrentar a los mismos a los que quisieron ver que una victoria
socialista supondría la nacionalización de sus jardines o sus tiestos.
Quisieran borrar del texto constitucional la consideración de que el
derecho de propiedad no es escindible de la función social, como ya
quedó avalado en una sentencia relativa a la Reforma Agraria. Como ese
objetivo no es alcanzable, eligen la vía que mejor controlan: el
adoctrinamiento de la opinión pública a través de su ejército mediático
bien engrasado. Qué interesante sería conocer los nombres de esas
estrellas de la comunicación que, según Raúl del Pozo, resultaron
beneficiarios de los sobres de Bárcenas…
Lo
cierto es que Griñán, por mucho que lo intenten, no da el tipo de un
caudillo tercermundista, ni siquiera de una reencarnación de Lenin. Lo
que el Gobierno de izquierdas de Andalucía ha hecho es utilizar la
legalidad consensuada para realizar una política todavía menos agresiva
que la que en otras democracias occidentales como Gran Bretaña o Francia
permite la confiscación de las viviendas no utilizadas.
Lo que han
hecho en Andalucía es demostrar que sí es posible utilizar en Boletín
Oficial para realizar un programa de izquierdas y sacudir la modorra
imperante que parecía excluir la viabilidad de una alternativa al modelo
ultracapitalista. Debe ser ahora la izquierda en su conjunto quien
utilice todos sus recursos para salir en defensa de la iniciativa
andaluza, y hacerla propia. Hay que explicar la propuesta con la misma
convicción y dureza que se producen los ataques. Hay que decir que es
vergonzoso que se fabriquen encuestas de opinión basadas en una pregunta
falsa, como la planteaba con urgencia el diario “El Mundo”: “¿Está
usted de acuerdo con que se expropien viviendas para evitar
desahucios?”, omitiendo que se trata de viviendas propiedad de bancos o
inmobiliarias y no de los pisos de un simple ciudadano.La iniciativa del Gobierno andaluz, coalición de socialistas e Izquierda Unida, puede llegar a significar mucho más que las nobles consecuencias inmediatas que se persiguen, si se asume como símbolo de realismo a la hora de abordar los graves daños que la crisis económica está produciendo a los sectores más débiles de la sociedad. El Estado, lo público, tiene que recuperar la capacidad de actuar y dejar de ser un espectador sufriente. La Constitución no solo permite sino que alienta la intervención de los gobiernos, a todas las escalas, para incentivar la actividad económica y alcanzar el pleno empleo. Aunque hoy a algunos les suene a peligroso izquierdismo, la Constitución afirma, por ejemplo, que “los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Hagamos, pues, una lectura completa de la Constitución, reconociendo las aportaciones que pudo hacer a su texto la izquierda, y callaremos las voces que se empeñan en identificar a los que protestan con los terroristas, a los que defienden el uso de las libertades con incendiarios de la sociedad. Griñán ha hecho mucho más que intentar resolver un problema de viviendas. Nos ha abierto los ojos a la realidad de que existe una alternativa de izquierdas. Y ya teníamos ganas de reconocerla.
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